González Amador comunica a su abogado, Carlos Neira, que Hacienda le ha notificado que deriva a Fiscalía las pesquisas por las declaraciones fiscales de su empresa, Maxwell Cremona.

La notificación se refiere a los ejercicios 2020 y 2021, al considerar que pueden revestir entidad delictiva.

La pareja de Díaz Ayuso se reúne con Carlos Neira para decidir cómo actuar.

El abogado plantea dos alternativas: dar la batalla legal o resolver rápido mediante un pacto con Fiscalía.

González Amador autoriza a Neira a negociar un acuerdo de conformidad.

Neira envía un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, con copia a su jefa, Virna Alonso, y a un abogado del Estado.

En el mensaje ofrece, en nombre de su cliente, reconocer dos delitos a cambio de un pacto.

El fiscal Julián Salto responde al correo para comunicar que ha sido asignado al caso.

Confirma que toma nota de la oferta.

Salto y Neira coinciden en los juzgados de Madrid por otro asunto.

Durante el encuentro comentan brevemente la propuesta de conformidad.

La investigación que hasta ese momento se había llevado a cabo primero en Hacienda y después en Fiscalía salta a los juzgados de Madrid.

El avance se produce tras la formulación de una denuncia por parte del Ministerio Público.

Un periodista de eldiario.es, según testificó ante el Tribunal Supremo, recibe documentación sobre las pesquisas a González Amador.

Incluye el expediente de Hacienda, la denuncia de Fiscalía y los correos electrónicos citados.

La Fiscalía Provincial de Madrid informa, mediante un correo electrónico firmado por su jefa, Pilar Rodríguez, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.

El mensaje comunica la existencia de una investigación sobre una empresa vinculada a la pareja de la presidenta madrileña como parte de la dación de cuenta de asuntos relevantes.